El enviado estadounidense Matthew Whitaker, presionó en julio a los 32 embajadores de la alianza en Bruselas, para que abandonen el Estatuto de Roma, en una ofensiva que busca evitar procesos por crímenes de guerra contra funcionarios de Estados Unidos (EEUU) y líderes israelíes, por la ofensiva en Gaza.

El gobierno de Donald Trump intensificó las tensiones transatlánticas, al exigir a sus socios de la OTAN que abandonen el Estatuto de Roma y desmantelen la Corte Penal Internacional (CPI), según reveló el medio Político el 9 de septiembre de 2026, citando a tres diplomáticos europeos bajo condición de anonimato.

Durante una sesión confidencial celebrada a mediados de julio en Bruselas, el enviado estadounidense Matthew Whitaker se dirigió a los 32 embajadores de la alianza y los instó a sumarse a una campaña para desmantelar el tribunal. "Estaremos observando de cerca quién apoya a Estados Unidos", advirtió, según los testimonios diplomáticos.

Paralelamente, la misión diplomática estadounidense distribuyó un memorando formal entre las delegaciones de la OTAN. El texto decía textualmente:

"Estados Unidos desmantelará sistemáticamente las capacidades de la CPI. Le solicitamos firmemente que tome medidas inmediatas para retirarse". El documento exigía a los aliados evaluar al tribunal como una amenaza para sus propios gobiernos, condenar públicamente su mandato como «extralimitación jurídica» (overreach) y cesar de inmediato cualquier apoyo material, con el objetivo de poner fin a lo que calificó como la "farsa" de la Corte.

La ofensiva forma parte de una estrategia coordinada. El 13 de julio de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una campaña para aislar y desmantelar la CPI "ladrillo por ladrillo", presionando a los países aliados que albergan tropas estadounidenses, a rechazar la autoridad del tribunal o enfrentar represalias.

Esta política se remonta al 6 de febrero de 2025, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que impuso congelamiento de activos y restricciones de viaje a fiscales y jueces de la CPI, que investiguen crímenes de guerra cometidos por funcionarios estadounidenses o israelíes.

Desde entonces, nueve de los 18 jueces del tribunal y ambos fiscales adjuntos, han sido sancionados por Washington. El fiscal jefe, Karim Khan, fue apartado de su cargo tras una campaña de Israel, que según el reporte, instrumentalizó acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

Khan había emitido en noviembre de 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su papel en la invasion sobre Gaza. La presión contra la CPI se inscribe en una política más amplia de la Casa Blanca contra las reglas multilaterales que limitan su libertad de acción.

El 7 de enero de 2026, Trump firmó un memorando presidencial que ordenó la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, alegando que estas "ya no sirven a los intereses de EEUU".

Fuente: CiudadCCS

Publicado por AiSUR

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