El 13 de septiembre de 2024 se cumplen diecisiete años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
En una votación histórica celebrada el 13 de septiembre de 2007, 144 países votaron a favor de la Declaración, 11 se abstuvieron y sólo cuatro (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos) votaron en contra. Desde 2007, los cuatro países, incluido Estados Unidos, han cambiado sus posiciones y ahora respaldan oficialmente la Declaración.
La Declaración es el resultado de 25 años de arduas negociaciones. Los derechos detallados en el documento "constituyen los estándares mínimos para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los Pueblos Indígenas del mundo". La Declaración protege los derechos colectivos y los derechos individuales de los Pueblos Indígenas en relación con el autogobierno, la tierra, la educación, el empleo, la salud y otras áreas.
La Declaración también exige que los países consulten con los Pueblos Indígenas con el objetivo de obtener su consentimiento en asuntos que les conciernen. Como explicó el ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, el derecho a la autodeterminación es "ser participantes plenos e iguales en la creación de las instituciones de gobierno bajo las cuales viven y, además, vivir dentro de un orden institucional gobernante en el que están perpetuamente en control de sus propios destinos". Si bien varios países han dado pasos para alinear sus políticas con los estándares consagrados en la Declaración, persiste una brecha en la implementación.
La declaración según los derechos que abarca
De los 46 artículos que tiene la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 17 refieren a la cultura indígena y a cómo protegerla y promoverla. Tienen en cuenta a las comunidades originarias en la toma de decisiones y asignan recursos para la educación en idiomas indígenas, por ejemplo.
Asimismo, 15 de los artículos de este documento hablan sobre la participación de los pueblos indígenas en todas las
decisiones que afectan a sus vidas. Esto incluye «la participación efectiva en un sistema de gobierno democrático». Asimismo, la Declaración confirma el derecho a «la libre determinación y reconoce los derechos relacionados con los medios de subsistencia y el derecho a las tierras, territorios y recursos».
Principalmente, el documento de la ONU prohíbe la discriminación de los pueblos indígenas. En este sentido, promueve «su derecho a seguir siendo diferentes y a perseguir su propia visión del desarrollo económico y social».
«Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado».
¿Por qué tardaron tanto?
La aprobación de esta declaración tomó más de 20 años para ser efectiva, y esto se debe —según la ONU— a un extenso debate y diálogo entre los Estados involucrados y los pueblos indígenas. Los derechos colectivos, los individuales, los recursos y las tierras han sido ejes de extensa discusión durante esas dos décadas. Por ejemplo, en 1982, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas estableció el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas para que se elaboraran normas de derechos humanos que protejan a los pueblos indígenas.
En 1985, se comenzó a trabajar sobre el proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Luego de 8 años, en 1993, el Grupo de Trabajo presentó un texto definitivo a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, que lo aprobó en 1994. Tras esa instancia, el proyecto fue
enviado a la entonces llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese momento, estableció el Grupo de Trabajo sobre la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Pero no fue hasta los años 2005 y 2006 que durante la Cumbre Mundial y el quinto período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se habló de la urgencia de aprobar este decreto. Finalmente, en junio de 2006, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la Declaración. En septiembre de 2007, lo hizo la Asamblea General.