c6Los gobiernos de Angola y Namibia recuerdan en las provincias angoleñas de Cunene y Huila la matanza de Cassinga, donde el 4 de mayo de 1978 fuerzas racistas sudafricanas cometieron una gigantesca cacería humana, según se conoció hoy.

La agencia estatal de noticias Angop indica que para rememorar el aniversario 38 del deplorable acontecimiento se programó desde el domingo una serie de actos en las que participan autoridades nacionales y una delegación namibiana integrada por la embajadora de Windhoek en Luanda, Cláudia Grace, y representantes de la Organización del Pueblo de África Sudoccidental (Swapo).

En la agenda figura un recorrido por la zona de Tchetekela, municipio de Ombadja (Cunene), y una visita al santuario de los soldados caídos en Cassinga. La comitiva extranjera, acompañada por el gobernador de Cunene, António Didalelwa, viajará también a Cassinga (Huila), donde visitará otro monolito en recordación a ese suceso.

Historiadores aseguran que la barbarie de Cassinga representa el mayor ataque por aviación perpetrado por el entonces régimen del apartheid en la caza de los militantes de la Swapo, fuerza política opositora a la ocupación y dominación de territorio namibiano por parte del gobierno sudafricano.

La Swapo tenía a Angola como bastión de refugio y cobijo, y en Cassinga radicaba un campamento de refugiados namibianos, ubicado a 250 kilómetros de la frontera internacional. En la mañana del 4 de mayo de 1978, cuando sus pobladores se disponían a iniciar sus actividades cotidianas, un inesperado alud de bombas de fragmentación, fuego y metralla sembró la destrucción y la muerte en el tranquilo lugar.

Testigos relataron cómo aviones sudafricanos bombardeaban y disparaban sin piedad a indefensos civiles, preparando el escenario para que después más de 500 paracaidistas lanzados desde naves del tipo Hércules C-130 dieran comienzo a una matanza para exterminar toda huella de vida.

Imágenes tomadas por fotógrafos occidentales en Cassinga horrorizaron al mundo al mostrar los cadáveres de 582 hombres, mujeres y niños. La agresión, exitosa desde el punto de vista militar, fue una derrota política para Sudáfrica porque impulsó la adopción en las Naciones Unidas de la Resolución 435, que exigía la independencia de Namibia.

Fuente: Prensa Latina

venezuela uruguay 1Venezuela y Uruguay rechazaron una resolución del Consejo de Seguridad que, en el menor de los casos, sugiere superficialidad en la respuesta a la crisis creada por Marruecos en la Misión para el Referendo del Sahara Occidental.

Votada con presión y después de apenas un encuentro para discutirla entre los 15 miembros del órgano, la iniciativa presentada por Estados Unidos el miércoles fue adoptada la víspera con 10 países a favor, tres abstenciones (Rusia, Angola y Nueva Zelanda) y la digna postura de los dos integrantes latinoamericanos del Consejo.

Aunque su condición de miembros no permanentes, los que carecen del derecho al cuestionado veto, resultó insuficiente para impedir el avance del texto, Caracas y Montevideo con su rechazo pusieron en evidencia el poco compromiso de algunas potencias con el mandato de un órgano claramente subordinado a intereses geopolíticos, siempre en detrimento de naciones del Sur.

EL CONTEXTO

A principios de marzo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitó el Sahara Occidental, un territorio con medio millón de habitantes ocupado por Marruecos desde 1975, incluido entre los 17 casos en manos del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas.

Tras constatar el sufrimiento y la desesperanza del pueblo saharaui por décadas de dominación extranjera, Ban utilizó el término ocupación en el contexto de su intercambio con refugiados y personas molestas por la inacción de la comunidad internacional. La reacción de Marruecos fue inmediata, la cual además de la convocatoria a protestas contra el Secretario General, incluyó la decisión de expulsar a 73 de los 101 empleados civiles de la Misión para el Referendo del Sahara Occidental (Minurso) y de recortar su aporte financiero a la misma.

Esta fuerza de cascos azules quedó activada en 1991 por el Consejo de Seguridad, en aras de garantizar una consulta para la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental, referendo bloqueado desde entonces por Rabat.

Las medidas del Reino redujeron de manera significativa el trabajo de la Misión y desataron una crisis con el Secretario General, quien encontró muy poco apoyo del Consejo en sus pedidos de actuación para restaurar la plena capacidad de la Minurso de cara al cumplimiento de su mandato.

Pese a los reclamos de varios países de una postura firme del órgano de 15 miembros, presidido en abril por China, este se pronunció en definitiva la víspera con la resolución 2285, un documento calificado aquí de débil y de alejado de la realidad en el terreno, el empeño marroquí en mantener la ocupación.

VENEZUELA Y URUGUAY

En su explicación del voto, el embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, utilizó para explicar lo ocurrido términos como falta de transparencia y profundamente decepcionante. Caracas atribuyó su rechazo a la iniciativa a "razones sustantivas y de procedimiento", que demuestran la fractura de posiciones a la hora de tratar de resolver la situación generada por la hostilidad de Marruecos, que por 40 años ha ignorada el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Ramírez criticó la falta de respaldo del Consejo de Seguridad al Secretario General y la ausencia de una condena clara a las maniobras de Rabat. A su juicio, semejante inacción contrasta con la rápida disposición a sancionar a países, en su mayoría africanos, en el órgano dominado por el derecho al veto de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China.

"El Consejo no supo anticiparse a la situación existente, creada por la expulsión del personal civil de la Misión, cambiando de facto su mandato de desarrollar un referendo derivado del cese del fuego" advirtió. Según el representante venezolano, la consulta que permitió hace 25 años un acuerdo entre el Frente Polisario y el ocupante para detener las hostilidades, parece cada vez más lejana.

Por su parte, el embajador de Uruguay, Elbio Rosselli, cuestionó que la resolución aprobada no abordase con la contundencia requerida un acto "soberano pero unilateral", "que alteró de inmediato y radicalmente la labor de la Minurso, la cual apenas logra sostenerse". Rosselli afirmó que su país recibió con sorpresa el proyecto de resolución, ante la ausencia de menciones concretas a "este hecho factual que ha trastocado el funcionamiento de la Minurso".

Asimismo, consideró poco coherente prorrogar el mandato de la Misión, sin demandar con fortaleza que la misma recobre de inmediato su funcionalidad. El diplomático deploró la imposibilidad de "romper el blindaje del texto", que no ofrece a la fuerza de cascos azules las garantías necesarias para cumplir su mandato.

POSTURA DEL FRENTE POLISARIO

De acuerdo con el Frente Polisario, que por cuatro décadas ha luchado por la independencia saharaui, lo sucedido ayer en el Consejo de Seguridad manda una clara señal de que las cosas no pueden seguir como están en el Sahara Occidental. Miembros de ese órgano manifestaron un fuerte apoyo al pleno mandato de la Minurso y a una salida que lleve a la autodeterminación de los saharauis, señaló.

El representante del Frente ante la ONU, Ahmed Bouhari, subrayó que la sesión dejó claro que el actual estatus en el territorio ocupado resulta inaceptable, y que Marruecos no puede seguir obstruyendo el referendo para decidir el futuro del Sahara Occidental. "Los días en los que los miembros del Consejo de Seguridad metían la cabeza en la arena en el tema del Sahara Occidental acabaron", sentenció en alusión al voto fracturado, a partir del rechazo de Venezuela y Uruguay y de las abstenciones de Rusia, Angola y Nueva Zelanda. Bouhari adelantó que el Frente Polisario analizará de forma cuidadosa la resolución y decidirá sus próximos pasos.

Fuente: Prensa Latina

Congreso Parlamentarios Indigena Americas Panama 6377447La condena de la masacre, asesinato y genocidio de los pueblos indígenas en el mundo, forma parte de la declaración final del I Congreso de Parlamentarios Indígenas de América (PIA) que sesionó en esta capital.

Sobre el tema el documento califica de "brutal asesinato" el de la hondureña Berta Cáceres y señala otros hechos como la muerte a manos de la Fuerza Armada de Belice del guatemalteco afrodescendiente Julio René Alvarado Bueno, de 13 años de edad.

Particulariza lo acontecido en 2013 en la Comarca panameña NgÃñbe-Bugle, donde asesinaron a Gerónimo Tugri durante la represión de la Policía Nacional, que dejó además "miles de indígenas heridos y muchos de ellos ciegos".

La Declaración recorre los principales problemas de los 50 millones de descendientes de las culturales ancestrales americanas como son el reconocimiento e integración en las sociedades nacionales, la discriminación, la propiedad de la tierra, el cuidado del medioambiente, y las denuncias a los maltratos e inequidades de que son víctimas.

El documento servirá como compromiso y hoja de ruta para avanzar en la implementación de los derechos indígenas en la región, dijeron algunos de los asistentes al analizarlo. Promover marcos legislativos que aseguren el cumplimiento y la implementación de los derechos indígenas como lo relacionado con su representatividad en la política y otras esferas, derechos territoriales, acceso a los servicios públicos y la no discriminación en su inserción en la economía, son aspectos señalados por el texto.

En el último día de sesiones también se debatió, entre otros temas, sobre la mujer y se escuchó la voz de las féminas indígenas con la intervención de la parlamentaria nicaragüense Evelyn Patricia, quien dijo: "Las mujeres somos excluidas de las decisiones que afectan a nuestra familia y nuestro bienestar, e incluso del acceso a servicios como la educación". Abundó que "se continúan aplicando estereotipos, y las mujeres seguimos sufriendo estructuras patriarcales que promueven relaciones de desigualdad, la mujer es vista como seres inferiores e incapaces, relegadas únicamente a las labores del hogar". En el debate participó también Irune Aguirrezabal, de la Oficina Regional de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, quien opinó que "las mujeres deben participar de forma activa tanto en el seno político como también el comunitario para promover cambios culturales en sus comunidades".

Fuente: Prensa Latina