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Política

doc 302960doc 302960Una enorme valla con letras de color advierte al viajero que está a pocos metros de entrar al centro de Paso Canoas, la última comunidad de Panamá antes de cruzar a Costa Rica por la Carretera Interamericana. Este pequeño poblado, de poco más de 13 mil habitantes a un lado y a otro de la línea divisoria, es hoy el punto de encuentro forzado de cubanos y africanos, protagonistas de una crisis migratoria que amenaza con extenderse ante la falta de un acuerdo multilateral.

Familias enteras, mujeres embarazadas, niños, jóvenes y adultos integran el grupo de los casi 900 africanos que a la intemperie se encuentran atrapados en la llamada zona de confraternidad, y de los tres mil 400 cubanos que, en hoteles y albergues, esperan una posible solución para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Día y noche, los africanos permanecen cercados por una barrera policial de ambos países, que impide el libre tránsito e incrementa la incertidumbre ante la posibilidad de la deportación.

Desde el pasado mes de noviembre, Panamá intenta hacerle frente a este complejo panorama migratorio con cuatro albergues para los cubanos, y cuya crisis se veía venir desde mucho antes, refieren expertos. Según el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras, Frank Ábrego, desde el 2002 la demarcación entre Panamá y Colombia es utilizada como una ruta de tránsito por los migrantes que desean llegar a Estados Unidos. Entonces era común que pasaran por Darién ciudadanos ecuatorianos y peruanos, en grupos que anualmente llegaban a las 200 o 300 personas.

Posteriormente, en 2010, se sumaron ciudadanos indocumentados que procedían de Somalia, Etiopía y Eritrea, países africanos que estaban en conflicto. Pero ellos no llamaban la atención porque anualmente sumaban unos 350 o tal vez 500. Sin embargo, con los años cambia la nacionalidad y comienza la llegada abrumadora de los cubanos, cuya oleada se disparó por temor a que finalice la política de ajuste "pies secos, pies mojados" como resultado de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, comentó.

PRIVILEGIOS A CUBANOS: CAUSA DE CRISIS

A juicio del excanciller panameño Jorge Eduardo Ritter, la difícil situación que vive hoy el país responde en gran medida a la "ley especial" diseñada por Estados Unidos para los cubanos. Como consecuencia de ella, todo ciudadano de la nación caribeña que llega a ese territorio por tierra recibe automáticamente residencia; por ello, mientras esa situación persista, habrá migración, sentenció.

"Panamá nunca ha sido una nación de emigrantes, pero estoy seguro de que si esa ley se aplicara a nuestros nacionales, tendríamos una gran cantidad de personas viajando hacia la frontera con México para pisar territorio estadounidense y quedarse en ese país", comentó. De ahí que una buena parte de la solución a la crisis esté en manos del gobierno estadounidense, en tanto la permanente debe ser diplomática y multilateral, por ser un asunto que involucra a Panamá, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Nicaragua, pero sobre todo a Estados Unidos, afirmó.

"El gobierno panameño tiene muy pocas posibilidades de actuar solo, por ello debe darle una prioridad urgente a este asunto que ya se desbordó, y con el cual el país no está acostumbrado a lidiar", reiteró. Ritter aseguró que no hay presupuesto que aguante una oleada de esta naturaleza, sobre todo si no se vislumbra una solución rápida.

Cifras oficiales revelan que a más de 95 mil dólares ascienden los gastos en alimentación y suministro de agua a los cubanos durante estos cuatro meses, monto que no refleja el desembolso hecho por el Gobierno para el alquiler de hoteles, un hangar y baños portátiles, entre otros gastos realizados desde diciembre de 2015 a la fecha.

Tras el traslado en febrero último por vía aérea hacia México, con carácter excepcional, de cerca de mil 300 cubanos varados en Panamá y unos ocho mil en Costa Rica, no ha cesado la llegada de estos vía Ecuador, comentó el director de Migración, Javier Carrillo. Por lo que tendremos que tomar alguna decisión, porque ni el país, ni ningún otro de la región, podrán tener esta carga permanente y negociar continuamente con terceros para que puedan llegar a su destino, aseveró.

La canciller Isabel Saint Malo escribió en su cuenta de la red social Twitter que "continuamos el diálogo con otros países para buscar solución integral, pero habrá que tomar medidas migratorias para desincentivar flujos".

Y es que la concentración en las fronteras sur y norte de cubanos, y africanos en la línea divisoria con Costa Rica, pasa por sutiles desencuentros entre autoridades de ambos países, rechazo de los locales a la presencia de extraños y ayuda humanitaria. "Tema migrantes debe tratarse como humanitario mientras protegemos Panamá. Es un tema complejo que se rige por convenios internacionales", expresó la también vicepresidenta del país.

Costa Rica habla de deportaciones y toma medidas drásticas como el cierre de fronteras, que nosotros aún no hicimos, porque las circunstancias son diferentes desde el punto de vista geográfico, en tanto el acceso desde Colombia es por un área selvática y retornarlos los pone en alto nivel de riesgo, explicó Carrillo. "Devolverlos a Cuba es una opción, pero habría que negociar con el gobierno cubano la fórmula", algo que está "sobre la mesa" y el presidente Juan Carlos Varela decidirá en su momento, porque "esto no podrá continuar de forma permanente", enfatizó.

Sobre la controvertida repatriación como medida inmediata al problema, Ritter aclaró que las deportaciones masivas están prohibidas en las convenciones internacionales. "Es injusto dejar a la gente en las condiciones precarias que viven hoy, y lo verdaderamente reprochable sería que Panamá, pudiendo ayudar a esas personas, no lo haga. "Sin embargo, esta actitud implica a su vez un peligro mayor: y es que si continuamos dando una solución humanitaria permanente, entonces el flujo será mayor", advirtió.

A juicio del exfuncionario, actualmente Panamá enfrenta una crisis migratoria muy seria que debe resolverse de manera multilateral y por la vía diplomática, en la que también intervengan la policía y autoridades de inteligencia, porque "esta es una industria criminal que existe gracias a los llamados coyotes".

COMPLEJIDADES MIGRATORIAS

Pero este es un fenómeno que también tiene sus raíces en las regulaciones migratorias que imponen las naciones, y Panamá no es una excepción. Al respecto, el jefe de investigación de TVN Noticias, Fernando Martínez, recordó que desde hace mucho tiempo cuando un cubano desea entrar de manera legal al país o pide una visa en el consulado panameño en La Habana, el trámite demora "cualquier cantidad de tiempo" y resulta muy complicado. Incluso la solicitud debe pasar por el Consejo Nacional de Seguridad, por la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos), la DEA (Administración para el Control de Drogas), el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y la Interpol, relató.

"El hecho de que la gente recurra a arriesgarse a pasar por fronteras peligrosas de manera irregular o atravesar la selva, se debe a que todos los países son soberanos territoriales y por ende aplican, declárenlo o no, migraciones selectivas, comenzando por Estados Unidos", afirmó Martínez. Por ello estamos ante la presencia de países cerrando el tránsito hacia otro de destino, algo muy parecido a lo que ocurre hoy en Europa, acotó.

El principal activo de Panamá: su posición geográfica, que le permite ser zona de tránsito y de progreso, hoy resulta el escenario de un drama humano, en el que miles de migrantes tratan de vencer el miedo, la muerte y otros obstáculos en busca del sueño prometido.

Desde hace varios años, la nación istmeña es un corredor por donde pasan los cubanos que llegan de Ecuador por el sur, y los africanos que viajan desde Brasil por el norte de Colombia, para confluir todos en Puerto Obaldía o en las trochas de la selva del Darién, rumbo a Estados Unidos.

Fuente: Prensa Latina - Nubia Piqueras Grosso, Corresponsal en Panamá.

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Con 15 votos a favor, el Consejo de Seguridad aprobó este viernes, un nuevo documento presentado por Estados Unidos en el que se reafirma las anteriores resoluciones relacionadas con el Sahara Occidental y se extiende hasta el próximo 31 de abril de 2017 la misión de la ONU.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la ampliación del mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), durante un año, y ha exigido la restauración inmediata de su plena capacidad, después de que Marruecos expulsó su componente civil.

La resolución ha sido aprobada por diez votos a favor; tres abstenciones, las de Rusia, Angola y Nueva Zelanda; y dos votos en contra, los de Venezuela y Uruguay.

La resolución plantea expresamente que hay una "necesidad urgente" de que la MINURSO recupere su "plena operatividad" y pide al Secretario General, Ban Ki Moon, que en un plazo de 90 días, presente informe al Consejo de Seguridad para la evolución de la situación. Dicho informe debería incluir propuestas sobre "cómo facilitar" el funcionamiento pleno de la misión.

La resolución insiste en la necesidad de una "solución política" en el Sahara Occidental que sea "justa, duradera y aceptable" para todas las partes y aboga por avanzar hacia una quinta ronda de negociaciones que. En materia de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad se limita a pedir una mejora de la situación, tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos de los refugiados saharauis.

La delegación de Nueva Zelanda ha justificado su abstención aludiendo a la escasa dureza del documento con Marruecos y, por ejemplo, ha echado en falta una alusión específica a las recientes decisiones de Rabat y a las repercusiones que éstas pueden tener para el mantenimiento de la MINURSO.

Más tiempo para "buscar una solución negociada"

La extensión del mandato de la MINURSO prosigue a las recomendaciones del representante de Estados Unidos en la ONU realizadas en su propuesta, en el que pide tiempo a las partes para estudiar la propuesta con la finalidad de "buscar una solución negociada". La propuesta de Estados Unidos prevé la restauración inmediata de la MINURSO y el retorno de su personal civil expulsado en un plazo dado de 90 días, en la que el Secretario General debe presentar un informe sobre la situación de la misión en los territorios saharauis.

Fuente: El Confidencial Saharaui

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La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) solicitó hoy urgente apoyo financiero internacional a fin de prestar auxilio a millones de campesinos etíopes afectados por severa sequía.

"Si las semillas no se entregan a tiempo, la ayuda llegará demasiado tarde para garantizar una cosecha decente de la inminente temporada", que produce el 85 por ciento del suministro de alimentos del país, indicó el mensaje.

"La respuesta general para donar fondos frente a esta crisis ha sido hasta ahora decepcionante, ya que sólo se ha cubierto el 15 por ciento de lo solicitado" en el llamamiento hecho en 2016, evaluó el organismo. La FAO necesita cerca de 10 millones de dólares estadounidenses en las próximas dos semanas para distribuir semillas a las familias etíopes amenazadas por el hambre y la pérdida de sus medios de vida, precisó la institución.

"Alrededor de 10,2 millones de personas en Etiopía padecen inseguridad alimentaria tras las sucesivas malas cosechas y la mortandad generalizada del ganado provocadas por la sequía originada por El Niño desde principios de 2015", argumentó la solicitud. Con el retraso y el carácter errático de las lluvias de primavera este año, la situación puede empeorar en las zonas más afectadas, en particular en el norte del país, alertó la entidad.

Según destacó, el gobierno etíope ha dedicado considerables recursos para enfrentar los efectos del evento climático de El Niño y trabaja en estrecha colaboración con la FAO para ampliar el esfuerzo conjunto. Solo faltan seis semanas para el inicio de la principal temporada agrícola en esa nación africana y resultan imprescindibles fondos adicionales para poder respaldar a las familias campesinas.

En opinión del representante de la FAO en Etiopía, Amadou Diallo Allahoury, la distribución de semillas a los agricultores a fin de asegurar los cultivos y producir alimentos debe ser "una prioridad humanitaria". Casi un tercio de todos los distritos de en esa nación africana sufren ahora inseguridad alimentaria grave; ello supone un 20 por ciento más que hace tan sólo tres meses, precisó la fuente.

Estimaciones recientes de la oficina etíope de Agricultura señalan que cerca de 1,7 millones de familias campesinas no tienen garantizada la obtención de semillas. Más de 90 distritos no reciben ningún tipo de apoyo de semillas de emergencia o no están suficientemente cubiertos, notificó el responsable del equipo de respuesta de emergencia de la FAO, Pierre Vauthier. En 2016, la FAO, junto al gobierno de Etiopía y otros socios, ha distribuido semillas y materiales de siembra para maíz, papa, batata y hortalizas en algunas de las zonas más afectadas, y continúa apoyando los ganaderos con distribuciones de pienso de supervivencia, entre otras iniciativas, comentó el reporte.

Fuente: Prensa Latina

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La autodeterminación del Sahara Occidental fue tema de debate en una reunión "Arria Fórmula" del Consejo de Seguridad, con la presidencia conjunta de Angola y Venezuela, durante la cual el enviado especial de la Unión Africana (UA) para el territorio, Joaquim Chissano, defendió el derecho del pueblo saharaui a escoger libremente su destino.

"La solución para el conflicto es la realización de un referendo sobre la autodeterminación del pueblo saharaui", abogó el ex presidente de Mozambique en la reunión copresidida por los representantes permanentes de Angola y de Venezuela junto de la ONU, respectivamente embajadores Ismael Gaspar Martins y Rafael Ramirez.

El enviado especial de la UA, que fue el orador de la reunión, lamentó que no obstante las numerosas resoluciones adoptadas por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad de la ONU, que pide el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo del territorio, la cuestión de Sahara Occidental sigue estancada. Indicó que "no obstante los esfuerzos sustentados, incluyendo por los sucesivos Enviados Especiales del Secretario General de la ONU, no se ha registrado progreso en la búsqueda de una solución eficaz para el conflicto de Sahara Occidental, que está en impasse hace más de cuatro décadas".

En su óptica, África debe desempeñar un papel de liderato en los esfuerzos para encontrar una solución para el conflicto de Sahara Occidental y fornecer orientaciones necesarias a los esfuerzos internacionales para resolver el conflicto. Sobre la expulsión por Marruecos de 73 funcionarios de la componente civil de la Misión de las Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental (MINURSO), Chissano la consideró una decisión de falta de respeto a la ONU, al Secretario General Ban Ki-moon y al Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas.

El embajador Ismael Martins defendió el diálogo entre los principales actores del proceso y advirtió que la falta de progreso y de esperanza por parte del pueblo saharaui, en una solución para la cuestión, puede originar la eclosión de un conflicto armado de graves proporciones para la región.

A su vez, el embajador de Venezuela criticó el Consejo de Seguridad por despreciar el cumplimiento de sus responsabilidades, al no exigir el cumplimiento de sus propias decisiones, permitiendo que un Estado Miembro de la ONU tome una decisión unilateral sobre una Misión con mandato de este mismo órgano. No obstante la falta de consenso en el Consejo de Seguridad sobre la cuestión de Sahara Occidental, el tema consta de la agenda de descolonización de la Asamblea General de la ONU a lo largo de los últimos 53 años.

Fuente: Agencia Angola Press

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