Foto: Sputnik / Sebastián Ochoa

Campesinos y obreros se manifestaron en la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En el Gobierno acusan al expresidente Evo Morales de estar detrás de las protestas. La Fiscalía emitió mandamientos de aprehensión contra los dirigentes sociales, mientras no se avizora la posibilidad de un diálogo entre las partes.

El 15 de noviembre de 2019 se cometió la masacre de Huayllani, en las cercanías de ese puente del municipio de Sacaba, departamento de Cochabamba (centro). Ese día fueron asesinados 11 campesinos por las fuerzas de seguridad comandadas por la entonces presidenta Jeanine Áñez, luego del derrocamiento del expresidente Evo Morales. Más de 120 personas también resultaron heridas de bala. Durante el Gobierno de Luis Arce se siguió un proceso por esta matanza, pero finalmente fue cerrado sin que los muertos tuvieran justicia.

El puente Huayllani es un punto estratégico, porque une a Cochabamba con el departamento de Santa Cruz, en pleno eje central carretero de Bolivia. Pero desde 2019 también tiene un significado profundo para las luchas de las organizaciones campesinas. Allí, donde seis años atrás se derramó sangre campesina, ahora se yergue un altar que resguarda las apachetas de los 11 fallecidos, con sus nombres, fotos y fechas de su paso por este plano.

Este 18 de mayo, cientos de campesinos regresaron a este punto para nuevamente bloquearlo, en el inicio de la tercera semana de protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz, cuya renuncia exigen.

Durante las primeras dos semanas, los bloqueos se concentraron en los departamentos de La Paz y Oruro; sin embargo, se extendieron a Chuquisaca y Cochabamba, convocados por las organizaciones locales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de La Paz, encabezan las protestas.

La Fiscalía boliviana emitió dos mandamientos de aprehensión contra Mario Argollo (secretario ejecutivo de la COB) y Justino Apaza (presidente de la FEJUVE). Se los acusa de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, entre otros delitos.

Este 18 de mayo, además, la ciudad de La Paz estuvo otra vez convulsionada por las protestas de estos sectores. Sumado a ello, llegó a la capital una marcha de campesinos evistas, que había partido la semana pasada de la localidad de Caracollo, en Oruro. Los manifestantes se enfrentaron durante cinco horas a la Policía con palos, piedras y dinamita. Al atardecer se replegaron.

Por el momento, quienes piden la renuncia de Paz no aceptan dialogar. Como respuesta, el Gobierno impulsa denuncias contra los dirigentes.

En la ciudad de Santa Cruz, la más grande de Bolivia y motor productivo nacional, se realizó una Asamblea de la Cruceñidad, que reunió a autoridades departamentales, municipales, empresarios y otras instituciones. Allí transmitieron su apoyo al Gobierno de Paz y le solicitaron que declare el estado de excepción para sofocar las protestas que mantienen al país prácticamente parado.

La misma solicitud realizó el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), líder de la Alianza Libre, la segunda fuerza con más presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Del voto a la decepción

El reclamo de renuncia del presidente ocurre a tan solo seis meses en el Gobierno, por lo que su plan político y económico no ha podido ser desarrollado. No pudo, en parte, por la oposición de las organizaciones sociales, también por la falta de apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual mayormente está integrada por legisladores de partidos conservadores y liberales similares al que llevó a Paz a la presidencia.

Consultados por Sputnik en Huayllani, los campesinos argumentaron que ellos votaron por Paz en las elecciones de 2025. Ante la decepción por su desempeño en el Ejecutivo, ahora exigen la devolución de su voto, con el retiro de su confianza al actual Gobierno.

Hermógenes Trujillo es secretario ejecutivo de la Central Agraria El Morro, de Sacaba. "La gente está en las calles y en las carreteras con una demanda clara. Nosotros hemos elegido a este Gobierno, hemos votado los urbanos y rurales para que nos ayude. Pero no nos ha ayudado; más bien ha subido la canasta familiar, también la gasolina".

El dirigente campesino comentó que causó malestar al sector la sanción de la ley 1720 –ya abrogada– la cual modificaba el régimen de propiedad de la tierra para las familias de áreas rurales. "Los empresarios quieren adueñarse de nuestras tierras, pero nosotros somos dueños de casi nada. Con apenas eso estamos saliendo adelante como campesinado", dijo a este medio.

Trujillo explicó que la decisión de bloquear se tomó el 17 de mayo: "La mayoría ha decidido salir a la carretera. Aunque nos maten, preferimos eso a sufrir aquí en la tierra. El Gobierno tiene que dar un paso al costado. Estamos firmes".

A 100 metros del punto de bloqueo había un grupo de 50 policías, quienes de momento no tenían orden de enfrentar a los manifestantes. El dirigente campesino contó que en Bolivia la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía proviene de familias campesinas e indígenas. Por lo cual se mostró confiado en que no serán reprimidos.

"Mire hermano, nuestros policías son nuestros hijos. ¿Cómo nos van a reprimir a nosotros? El hijo no puede estar contra el padre. Ya hemos conversado con los policías y les hemos dicho que no podemos pelear el padre con el hijo", dijo Trujillo.

Y agregó: "Estamos aquí luchando para todos los bolivianos. Desde el profesional hasta el último campesino debe ser beneficiado".

El Gobierno nacional otorgó un bono de 3.000 pesos bolivianos (unos 433 dólares) a cada policía, en atención a las tareas que deben ejecutar en estos días.

Promesas incumplidas

Martín Botero, campesino de Sacaba, compartió con Sputnik sus motivos para manifestarse. "La gente no está conforme con el Gobierno de Paz. En su campaña (por la presidencia) nos hizo promesas, pero en realidad actuó diferente. No cumplió, hizo otras cosas. Quiere privatizar" las empresas públicas.

Botero aseguró que "la gente de hoy día no es como la de antes. Ahora estamos más despiertos. Por eso estamos en las calles. La gente no está durmiendo. Estamos atentos a cualquier cosa que hace el Gobierno. No lo vamos a permitir".

Y agregó: "Nuestra meta es que se vaya el gallo Paz, porque en campaña prometió otra cosa. Nos dijo que no iba a endeudarse con organismos de crédito internacional. Pero finalmente, al llegar a la Casa Grande del Pueblo, el presidente cambió de opinión sobre este tema.

"Y esa deuda va a ser pagada por los que trabajamos día tras día y pagamos los impuestos. La vamos a pagar nosotros, la gente pobre, mientras ellos están felices", consideró Botero.

El conflicto sigue abierto. Al anochecer de este 18 de mayo, cientos de vecinos de las ciudades de La Paz y de Oruro se convocaron a marchar pacíficamente para expresar su respaldo al Gobierno y a las fuerzas policiales. En la ciudad de El Alto, la diócesis local llamó a sus feligreses a rezar para que el país vuelva a estar en paz.

Fuente: Prensa Latina
Publicado por AiSUR
Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020.