Bandera de Angola
La Asamblea Nacional de Angola votará el 11 de agosto la propuesta de nuevo Código Penal, el cual sustituirá el que está en vigor desde 1886 durante el periodo colonial portugués, confirmaron hoy círculos parlamentarios.
Según lo previsto, en el anteproyecto de ley la interrupción del embarazo será castigada con sanciones hasta de tres años de cárcel para las mujeres y cuatro para quienes realicen las operaciones.
De acuerdo con las fuentes, la propuesta, que conlleva a una reforma global del Derecho Penal, responderá de manera eficaz a las transgresiones como el combate contra las drogas, la delincuencia organizada y la necesidad de humanizar a la justicia.
Con 441 artículos y 153 páginas, el documento contiene una serie de avances, con destaque para la responsabilidad penal colectiva. Sin quebrar el compromiso punitivo individual, la moción evoluciona al tener en cuenta la responsabilidad penal de los entes colectivos, admitida en términos genéricos.
El nuevo Código Penal valora de manera especial los delitos contra las personas, la familia, la fe pública y la seguridad colectiva. También contra el Estado, la paz, la comunidad internacional, el patrimonio, en las redes informáticas y contra el consumidor y el mercado. Se plantean penas de prisión con la duración mínima de tres meses y máxima de 25 años, alcanzando los 30 en casos de reincidencia en delitos muy graves.
Para el diputado José Miúdo, el nuevo Código Penal, propuesto por el Ejecutivo, debe sustituir el antiquísimo que se encuentra desactualizado. Comentó que la nueva iniciativa presta atención a los valores y principios consagrados en la Constitución de la República, los cuales se traducen en el respeto a la dignidad humana, en la garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. De igual manera, agregó, se veneran los principios y valores que conforman el orden jurídico angoleño.
La responsabilidad penal se mantiene en 16 años, aunque se discutió sobre la posibilidad de reducirla a 14. El Código Penal angolano de 1886 está en revisión desde el 2004, para adaptarse a la nueva realidad social del país.
