Colombia lejos de la anhelada pazMás allá de los efectos prácticos en el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la decisión del presidente Iván Duque de objetar seis artículos de la ley estatutaria de esta justicia transicional, y de anunciar cambios en el acto legislativo 001, produce unos impactos negativos sobre la reincorporación de los cerca de 13.000 excombatientes de las Farc que dejaron las armas tras la firma del Acuerdo Final.
Los juristas hablan de efectos sobre la “seguridad jurídica” para estos hombres y mujeres que creyeron en el Estado a la hora de firmar sus actas de dejación de armas. Un Estado que, a cambio de esa decisión de dejar de luchar en su contra, les prometió a los exguerrilleros unas garantías para su reincorporación a la vida civil, entre ellas, un sistema de justicia transicional para investigar y juzgar los más graves crímenes cometidos por ellos y otros actores, durante el conflicto armado.
De hacer los cambios, el Estado terminaría dándoles la razón a Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez (“El Paisa”); Henry Castellanos Garzón (“Romaña”); y otros exmandos medios de las Farc quienes abandonaron los espacios territoriales donde lideraban la reincorporación de sus antiguas tropas, con la excusa de la inseguridad jurídica. Un mensaje que calaría en otros exjefes que observan con desconfianza los escasos avances en la implementación del acuerdo.
Con las objeciones que presentó el presidente Duque, será difícil que Iván Márquez se presente este jueves 14 de marzo ante la JEP, o que “el Paisa” lo haga el próximo lunes 18, o Romaña se presente el 20 de marzo. Esas son las fechas en las que se deben presentar para rendir versión libre (confesión) sobre su participación en delitos de secuestro, desaparición y homicidios durante su vida como insurgentes.
Si se cambia lo acordado, es decir, si el Ejecutivo y el Legislativo, apoyados por la Fiscalía General de la Nación, insisten en promover cambios drásticos a la JEP, considerada por los analistas como la nuez del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano incurriría en un incumplimiento que impactaría dentro y fuera del país.
Y la comunidad internacional es la más preocupada por estos efectos. Ya se lo han advertido al propio presidente Duque en reuniones privadas: no sería aceptable que el Estado cambie las reglas de juego de manera unilateral. Solo serían aceptables cambios a futuro y si, solo si, lo hacen de común acuerdo con la contraparte del acuerdo, es decir, las Farc.
De hacer esos cambios unilaterales, no solo se generaría un precedente nefasto en Colombia por el incumplimiento del Estado, (¿cuál sería el mensaje para futuros diálogos, por ejemplo, con el Eln?) sino que sus efectos trascenderían las fronteras. El mundo entero tiene sus ojos puestos en Colombia para tomar nota de las lecciones aprendidas para futuros procesos de negociación. Y, ¿cuál sería el mensaje de nuestro país? ¿Incumplir?
Colombia2020 ha registrado la sensación de incertidumbre e inseguridad de los excombatientes en visitas a varios Espacios de Reincorporación. El mensaje de los exguerrilleros es desesperanzador. Por un lado, no avanza la aprobación de los proyectos productivos, en muchos de sus caseríos aun falta inversión en infraestructura básica como agua, luz y carreteras, y para completar, no saben cuál será su futuro en el campo jurídico.
Pero los excombatientes de las Farc no son los únicos que experimentan esta sensación. Los cerca de 2.000 miembros de la fuerza pública que ya se acogieron a la JEP también tienen la misma percepción. ¿Cuál será su futuro si prosperan los cambios que el Centro Democrático quiere imponer para implantar un sistema diferencial para su juzgamiento? El fantasma de la Corte Penal Internacional los sigue rondando.
Cabe recordar que, si por algún motivo el Estado colombiano no juzga delitos como las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como “falsos positivos”, la CPI entraría a actuar, como ya lo ha advertido en varias oportunidades la Fiscal de esta corte, Fatou Bensouda o el vicefiscal James Stweart.
Los militares han sido los más interesados en que la JEP avance sin cambios. Hasta la fecha, algo más de 55 miembros de la fuerza pública han entregado sus versiones voluntarias ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Uno de los hechos más contundentes fue la declaración del general Adolfo León Hernández, comandante del Comando de Transformación del Ejército, en entrevista a este diario el pasado sábado: “La JEP es mi juez natural”, dijo al responder a acusaciones de organizaciones de derechos humanos por su presunta responsabilidad en 39 muertes por “falsos positivos”.
Otros que siguen esperando las decisiones estatales sobre la JEP, son varios exjefes paramilitares y algunos civiles que consideran que pueden aportar en la búsqueda de la verdad y la justicia, a cambio de un tratamiento especial en la justicia restaurativa. Así lo han hecho saber varios presos de La Picota que han participado de una u otra manera en el conflicto, entre los que se incluyen miembros del Eln, de grupos posdesmovilización paramilitar o personas como Andrés Sepúlveda, el hacker.
